Los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de las personas en situación de dependencia. En España, en los últimos treinta años, se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años, y a ello hay que añadir el fenómeno del “envejecimiento del envejecimiento”, que se traduce en un incremento de la población mayor de 80 años.
A finales del 2006, nuestro Estado se ha dotado de un nuevo marco normativo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Es un paso fundamental para conseguir la universalización, la garantía de derecho y la calidad de los servicios sociales, si bien no hemos conseguido aún que los servicios sociales estén al mismo nivel que otros pilares del estado del bienestar social como son la salud y la educación.
La respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus familiares -en muchos casos, sus únicos cuidadores- es un gran reto para nuestra sociedad actual.
La aplicación de esta nueva ley, que dispone de una dotación presupuestaria, y con un planteamiento progresivo de implementación, es sin duda alguna, una gran ayuda para iniciar la andadura hacia un modelo de atención integral de la persona.
Va a ser necesario implementar sistemas de gestión contando con la colaboración de todos los agentes: las personas dependientes, sus familiares y entorno próximo, la administración, las empresas, las entidades sin ánimo de lucro, el voluntariado. Hemos de dar una respuesta integral y a la vez eficiente, eficaz y de calidad.
Vamos a necesitar profesionales que, conocedores del trabajo en red, sepan valorar las necesidades de las personas dependientes y sus familiares, y dotarlas de los recursos disponibles. Nuestro entorno demanda profesionales que puedan gestionar de forma eficaz, eficiente y con calidad. Todo ello, además, sin olvidar cómo la tecnología también nos facilita una respuesta a la cobertura de estas necesidades.
El trabajo realizado en otros países, así como la diversidad en que las comunidades autónomas de nuestro Estado van a aplicar la ley, serán motivo de debate y enriquecimiento en este itinerario formativo.
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